Por Dan Walters, Sacramento Bee
Este artículo fue publicado originalmente en el Sacramento Bee en Agosto 16, 2015.
Lo destacado en el artículo:
- El sistema basado en exámenes del Índice de Desempeño Académico (API) va de salida
- El nuevo sistema del estado aún tiene que evolucionar
- La reforma educativa y los grupos de derechos civiles tienen sus dudas
El sistema más grande en el país de escuelas públicas de California educa – o tiene la intención de hacerlo – a más de 6 millones de niños con docenas de antecedentes socioeconómicos, étnicos y lingüísticos.
La evaluación académica nacional ha encontrado que los estudiantes de California tienen un rango en logros cercano a los últimos lugares.
La situación da lugar a dos debates políticos perpetuos – si estamos gastando suficiente dinero en incrementar esos logros, y si hay la suficiente responsabilidad para obtener resultados.
La pregunta del dinero se queda en el aire, al menos temporalmente. Una mejor economía, un incremento temporal de impuestos y una revisión a fondo de la ayuda estatal en educación han incrementado el gasto por alumno proveniente de todas las fuentes de recursos a aproximadamente 50 por ciento en años recientes a $13,00 al año, y de a uno de los niveles más bajos del país a por lo menos a los rangos medios.
En efecto, el gasto en educación se ha incrementado dramáticamente durante la segunda gubernatura de Jerry Brown que defiende otros programas, particularmente salud y servicios de bienestar para los pobres, se queja de que están siendo cortados.
Sin embargo, una guerra de varios frentes sobre quién debe ser responsable por el progreso de los estudiantes, aun está en marcha, y aun más extendiéndose como un incendio forestal de California.
Sin escribir su obituario formal, Brown y otros políticos, más el centro de enseñanza estatal, han estrangulado la responsabilidad del sistema basado en exámenes que California había adoptado en los 1990s.
Los educadores, particularmente la políticamente fuerte Asociación de Maestros de California, despreciaron un sistema que no solo calificaba a las escuelas en que tan bien mejoraban los logros académicos, sino que también proveía las bases para acciones “motivadoras de padres de familia” para tomar el control de las escuelas con mal desempeño. Tampoco le agrada a la CTA (Asociación de Maestros de California) el potencial para utilizar los datos para juzgar la competencia de un maestro.
El sistema era extremadamente simplista y punitivo, los críticos dijeron, que no daba cabida a las diferencias entre los estudiantes y que propiciaba “enseñar para el examen”.
Los legisladores, el inspector de las escuelas estatales Tom Torlakson y el Consejo Estatal de Educación designado por Brown están desarrollando un sistema de remplazo, lo que un documento de planeación llama “un sistema de rendición de cuentas mejorado que utiliza múltiples medidas para evaluar de manera más completa el progreso que están teniendo las escuelas.”
Sin embargo, es extremadamente difícil, casi imposible, saber qué surgirá o cuando, porque las piezas están esparcidas a través de varios espacios políticos y están siendo entrenadas en el densamente opaco argot de los educadores profesionales.
“Los acrónimos están volando,” se quejó Trish Williams, un miembro del Consejo Estatal de Educación, durante una presentación cargada de argot acerca de un nuevo sistema de rendición de cuentas en Julio. “Sonaba como un idioma extranjero.”
“Estoy tratando de armar el rompecabezas,” añadió otro miembro, Feliza Ortiz-Licon.
Este es un ejemplo de lo que la asesora Nancy Brownell les decía:
“La conversación alrededor de lo que estamos aprendiendo y el desarrollo de la rúbrica de la evaluación obviamente aplica en el contexto de rendición de cuentas en un contexto más amplio. Así aunque que los detalles de realmente poder construir un sistema que enfatiza el marco de trabajo cohesivo que lleva hacia un sentido de cómo vamos a hacer operativas las exigencias y expectativas en Ed Code alrededor de la rúbrica alrededor de cómo los componentes luego de un sistema de rendición de cuentas que se enfoca en múltiples medidas y trata como muchos de ustedes han dicho, unir las piezas para ayudar a pensar en el contexto de las prioridades del estado y como los principios que nos guían son una lente queremos seguir desarrollando los detalles.”
“He utilizado la foto de un iceberg en algunas de las presentaciones de rendición de cuentas. Hay mucha avenencia en algunas cosas a nivel de la superficie. Ninguno de nosotros cuestionaría la importancia de los principios. Es realmente bajo la superficie en la enorme imagen que utilizo de cómo es que se ve realmente en un sistema hecho operacional.”
El papeleo del proceso es tan impenetrable como la jerigonza verbal. Y si los miembros del Consejo de Educación están teniendo enormes dificultades para entender lo que está sucediendo, ¿qué posibilidad tienen los miembros del público en general?
Hasta ahora, sabemos que el Viejo sistema de rendición de cuentas basado en exámenes, el Índice de Desempeño Académico, se va. En Junio, los funcionarios de educación estatales abruptamente suspendieron el examen de salida del bachillerato del estado mientras la Legislatura sopesa una medida, el proyecto de ley 172, que lo suspendería por al menos tres años.
Es problemático el si la ley motivadora de padres de familia que el centro de enseñanza odia sobrevivirá. Y es improbable que los maestros sean individualmente calificados aun cuando el Acta Stull, una ley estatal por décadas en los libros – e ignorada por décadas – dice que deberían serlo.
El nuevo sistema muy probablemente estará ligado a la Formula de Control de Financiamiento Local, la extrañamente nombrada revisión de financiamiento escolar que Brown hizo entrar a la Legislatura, habiendo abrazado una teoría avanzada de “fórmula ponderada” de Michael Kirst, un investigador de educación a quién Brown designó para dirigir el consejo estatal escolar.
La formula provee dinero extra a los distritos escolares con gran número de estudiantes pobres, en cuidado tutelar temporal, y/o estudiantes “que están aprendiendo el idioma Inglés”, enfocándose a cerrar la “brecha de logros” entre ellos y sus pudientes y hablantes de inglés compañeros de clase.
Casi el 60 por ciento de los más de 6 millones de estudiantes de California se hallan en esas categorías de “altas necesidades”, y el rango distrital individual es tan alto como el 100 por ciento, con grandes distritos urbanos casi todos teniendo porcentajes muy altos.
En Los Ángeles Unified, con casi 500,000 estudiantes, su 83.5 por ciento, en San Bernardino Unified es el 93.2 percent, y en Santa Ana Unified es el 94.3 por ciento.
Una coalición informal de derechos civiles y grupos de reforma educativa han presionado al consejo de Brown y Kirst para imponer una estricta rendición de cuentas, asegurándose de que los fondos extra sean realmente gastados en los niños señalados y que los distritos cumplan con los estándares de mejoras.
Sin embargo, Brown y Kirst han adoptado la “subsidiaridad” como su principio, dando a los sistemas estatales locales máxima flexibilidad en cómo se gasta el dinero extra. Y Torlakson, un cercano aliado de la CTA, dijo a los distritos escolares que podrían gastar el dinero del LCFF en incrementos salariales de los maestros, contra ordenando una directriz de su propio personal.
Rígidos a nivel estatal, los miembros de la coalición han continuado presionando su causa en las cortes. Eso incluye ayuda a grupos locales que buscan continuar usando la ley motivadora de padres aun cuando el Índice de Desempeño Académico sobre el cual se basan las adquisiciones ha sido suspendido y está probablemente muerto.
Recientemente, un grupo de padres en Anaheim, apoyado por la ex Sen. Estatal Gloria Romero, quien fue autora de la ley, ganaron un caso en la corte que les permite tomar el control de una escuela con bajo desempeño. La Asociación de Maestros de California criticó la decisión de estar “basada en información obsoleta”, refiriéndose al suspendido API (Índice de Desempeño Académico).
Abogados Públicos y la Unión de Libertades Civiles Americana, mientras tanto, están demandando a Los Angeles Unified, diciendo que el gigante distrito está desviando a otros propósitos dinero de LCFF destinado a estudiantes pobres y que están aprendiendo el idioma inglés.
Students Matter, (Los Estudiantes son Importantes), una organización creada y financiada por el emprendedor de Silicon Valley David Welch, demandó con éxito al estado por las leyes de antigüedad y permanencia de los maestros, afirmando que dan menos de lo justo a los estudiantes con “altas necesidades” Ahora está demandando a 13 distritos escolares por no obedecer el Acta Stull, la ley 1971 que exige que los maestros sean evaluados basándose en los logros de los estudiantes.
La empuje de la ejecución del Acta Stull ha generado esfuerzos por reescribir la ley en la sesión legislativa actual. Dos medidas muy similares, el proyecto de ley 575 de la Asamblea y el proyecto de ley 499 del Senado, suavizarían las provisiones de ley de evaluación y – lo más importante– haría que todos los sistemas de evaluación locales estuvieran sujetos a negociación colectiva.
En efecto, por tanto, los maestros serían evaluados únicamente basándose en criterios que los sindicatos consideraran aceptables.
Los consejos escolares y administradores, junto con los grupos de reforma educativa, son críticos de ese enfoque, diciendo que eliminaría la evaluación significativa. Aun cuando los sindicatos escolares probablemente tienen la fuerza para hacer pasar uno o ambos proyectos de ley hasta el escritorio de Brown, el si él seguirá adelante con debilitar el Acta Stull es incierto.
Mientras los sindicatos y los que los apoyan pelean con los reformadores y grupos de derechos civiles por la rendición de cuentas en múltiples frentes, Brown ha tratado de evitar identificarse con alguno de los dos. Pero si alguno de los dos proyectos de ley llega hasta él, estará obligado a tomar partido en al menos esa única batalla.
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Traducido de Inglés a Español por Innovate Public Schools